Junio 5 (El Comercio).- La definición y ejecución del procedimiento de consulta previa, la depuración del catastro minero y la implementación de incentivos para que los gobiernos seccionales usen el dinero proveniente de la minería forman parte de la actualización de la política pública minera. Esta directriz regirá en Ecuador hasta el 2030.
Si la planificación del Régimen se cumple, dijo el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, la minería será el segundo rubro de exportación en el 2021 y tendrá un aporte del 4% del Producto Interno Bruto (PIB). En la actualidad representa el 0,6%, según el Banco Central.
La política también apunta a la atracción de nuevas inversiones mediante incentivos fiscales. Entre otros, la devolución de impuestos, contratos con garantías y estabilidad tributaria. Además, participación en encuentros internacionales especializados para la promoción de la actividad.
Los ejes de la actualización de la política minera se relacionan con la normativa, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y social, investigación y desarrollo, gestión y administración, regulación y combate a la minería ilegal.
Los objetivos estratégicos buscan promover las buenas prácticas ambientales, de seguridad y la investigación geológica, minera y metalúrgica.
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